Un reciente documento del Departamento de Estado de EE.UU. ha desatado un debate candente. Este informe, solicitado por el funcionario Darren Beattie, busca hacer un ‘dump’ de documentos internos relacionados con figuras políticas y organizaciones que históricamente han sido críticos del expresidente Trump. La solicitud abarca un amplio espectro de individuos, desde periodistas hasta académicos, generando preocupaciones sobre la privacidad y la posibilidad de un uso indebido de la información.
Beattie, quien fue nombrado por Trump, justifica estas solicitudes como parte de un esfuerzo por reconstruir la confianza pública. Sin embargo, muchos en el Departamento de Estado lo ven como una caza de brujas. El documento también pide revisar comunicaciones relacionadas con palabras clave asociadas a la desinformación y movimientos políticos, generando alarma entre los empleados de la institución sobre potenciales repercusiones negativas para aquellos incluidos en la lista.
La polémica se agrava con el cierre reciente de la oficina R/FIMI, lo que muchos temen podría resultar en una reducción de la supervisión y transparencia en torno a la desinformación. Expertos han manifestado que este tipo de acciones podría tener un efecto escalofriante sobre futuras investigaciones sobre desinformación, así como socavar la confianza en las relaciones periodísticas esenciales para la democracia. Esta situación plantea serias preguntas sobre los límites de la transparencia y la responsabilidad gubernamental.
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