La Contraloría General del Estado de Ecuador ha emitido una nueva disposición que exige a los servidores públicos de alto nivel actualizar su declaración patrimonial. Esta obligación se extiende hasta el 31 de agosto del 2025 y afecta a aquellos considerados personas expuestas políticamente (PEP). La actualización deberá realizarse a través de la página oficial de la CGE y se enmarca dentro de la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos.
La declaración patrimonial debe incluir información detallada y precisa sobre diversos aspectos como ingresos adicionales, remuneraciones oficiales, y vínculos con sociedades y fideicomisos. Además, se destacan los funcionarios que están obligados a presentar esta declaración, que abarcan desde alcaldes y concejales hasta altos mandos militares y judiciales. Este cambio normativo tiene como objetivo mejorar la transparencia en la gestión pública y prevenir la corrupción.
El incumplimiento de esta nueva regulación será considerado una falta grave, lo que podría acarrear severas sanciones para los funcionarios involucrados. Con esta medida, la Contraloría busca alinear las normas nacionales con los estándares internacionales en materia de integridad pública y fortalecer así la confianza en el sistema gubernamental. Las entidades públicas deberán asegurarse de que sus servidores cumplan con este requisito para prevenir futuros delitos relacionados con el lavado de activos.
