Recientes documentos filtrados del Departamento de Estado revelan una inquietante operación para recopilar comunicaciones entre funcionarios y periodistas que han criticado al expresidente Donald Trump. Este esfuerzo, liderado por Darren Beattie, apunta a un amplio espectro de personalidades y organizaciones con el objetivo de documentar lo que él llama ‘censura conservadora’. Los pedidos de información incluyen desde correos electrónicos hasta comunicaciones referenciales con figuras influyentes del ámbito de la disinformación y el periodismo, algo que varios funcionarios han descrito como una caza de brujas.
El documento, compartido con un selecto grupo de funcionarios a principios de marzo, detalla una búsqueda masiva de registros vinculados a individuos y organizaciones que han estado bajo la mira de la política de derecha. Personalidades como Bill Kristol y grupos como el Stanford Internet Observatory son solo algunos de los incluidos en la lista. Los expertos señalan que esta acción no solo pone en riesgo la privacidad y seguridad de las personas mencionadas, sino que también puede ser vista como una estrategia para acosar a quienes critican al actual gobierno.
La controversia en torno a esta solicitud se intensifica con el cierre del Counter Foreign Information Manipulation and Interference Hub, la oficina que rastreaba y contrarrestaba campañas de desinformación extranjera. A medida que se despliegan las piezas de este escándalo, surgen preocupaciones sobre la manipulación de información y el potencial de represalias sobre quienes tratan de informar al público. Observadores advierten que este tipo de maniobras podría tener un efecto paralizante en la libertad de expresión y la capacidad de investigar la desinformación, señalando la delicada línea entre la transparencia y la censura.
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