El 5 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador, liderada por Niels Olsen, dio un paso significativo al posesionar a Pamela Aguirre y Edwin Aceldo como jueces elegibles de la Corte Constitucional. Este acontecimiento coincide con el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que busca abordar problemas críticos en el sistema de justicia del país. La iniciativa resulta de la unificación de siete propuestas que intentan mejorar la situación actual del abuso de garantías jurisdiccionales y la inseguridad jurídica.
Héctor Rodríguez, ponente del informe, resaltó la crucial importancia de estas reformas para la estabilidad institucional en Ecuador. Entre las propuestas presentadas, se encuentra la especialización constitucional y la eliminación de formalismos que obstaculizan el acceso a la justicia. Sin embargo, algunos legisladores, como Diana Jácome y Lucía Pozo, han expresado su preocupación sobre ciertos aspectos del proyecto, en particular acerca del amparo parlamentario, lo que podría generar un blindaje político en la toma de decisiones legales.
La solicitud de Rodríguez para devolver el proyecto a la Comisión de Garantías Constitucionales busca asegurar que todas las dudas y controversias se resuelvan antes de la votación final. Este proceso tiene como objetivo garantizar que el texto sea claro y consensuado, estableciendo un marco legal que realmente responda a las necesidades del país y que logre un equilibrio efectivo entre el control constitucional y la protección de los derechos de los ciudadanos.
