La Contraloría General del Estado de Ecuador ha ordenado que todos los servidores públicos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) deban presentar una nueva declaración patrimonial jurada. Esta medida será efectiva entre el 1 y el 31 de agosto de 2025 y surge como parte de una reforma a la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos. La declaración incluirá información detallada sobre ingresos, bienes y vínculos económicos tanto dentro como fuera del país, lo que representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas.
Este requisito abarca a una amplia gama de funcionarios, desde autoridades de elección popular hasta mandos medios de las Fuerzas Armadas y la Policía. Asimismo, se exigirá que declaren su patrimonio, incluyendo cargos en empresas privadas, fuentes de ingresos adicionales, y los bienes de sus cónyuges e hijos menores. La Contraloría ha enfatizado que el trámite será gratuito y se llevará a cabo en línea, aunque la omisión de dicha declaración será considerada una falta grave y acarreará sanciones correspondientes.
A pesar de la relevancia de esta iniciativa, organizaciones sociales han expresado que esta medida por sí sola no es suficiente, ya que no incluye la regulación de grandes grupos empresariales que contribuyen a la corrupción. Se demandan auditorías independientes y un control exhaustivo sobre la evasión fiscal para evitar que la desigualdad se agrave. Además, se solicita que se brinde capacitación y se implemente tecnología para que este proceso no se convierta en un mero trámite burocrático, pidiendo también que se extiendan las obligaciones a exfuncionarios para un verdadero control de la administración pública.
