
Recientemente, se filtró un documento que revela un esfuerzo del Departamento de Estado de EE.UU. para recopilar comunicaciones entre funcionarios y un extenso grupo de periodistas y críticos políticos. Este documento, solicitado por Darren Beattie, un alto funcionario designado por Trump, busca registrar interacciones con individuos críticos hacia la administración y organizaciones reconocidas por abordar temas de desinformación. La medida ha sido percibida por muchos como una ‘caza de brujas’ que pone en riesgo la privacidad y la seguridad de los involucrados.
La solicitud de Beattie incluye una larga lista de nombres de personalidades públicas, entre ellas periodistas y expertos en desinformación, que han criticado al gobierno o han sido objetivos de la derecha política. Además de solicitar registros de comunicación relacionados con varios términos y figuras polémicas, la acción ha suscitado alarmas entre los empleados del Departamento de Estado, quienes afirman que esta búsqueda se asemeja más a un intento de acoso que a una práctica apropiada de transparencia.
Con la reciente clausura de la oficina de R/FIMI, que se ocupaba de contrarrestar la desinformación extranjera, las solicitudes de Beattie han llevado a preocupación en los círculos de prensa sobre la posible manipulación de la información privada para crear narrativas engañosas. La situación plantea seriosas dudas sobre la libertad de expresión y la integridad del proceso informativo en el país, mientras expertos advierten sobre el efecto paralizante que tal vigilancia podría tener en la investigación y el periodismo crítico.
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