Este 20 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador se vio inmersa en un debate crucial sobre un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) propuesto por Fernando Cedeño. Estas reformas pretendían aumentar las penas por delitos graves como el secuestro, tráfico de drogas y la delincuencia organizada, además de tipificar el feminicidio como delito y establecer sanciones más severas contra la extorsión. Sin embargo, la falta de consenso entre las diferentes bancadas impidió su aprobación.
Durante la votación, los miembros del bloque correísta expresaron su apoyo a las reformas, pero la oposición de la bancada ADN fue decisiva para frenar el avance de esta iniciativa. La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, solicitó una suspensión de ocho días para que el proyecto regrese a la comisión y se realicen los ajustes necesarios que permitan un mayor respaldo oficialista, lo que refleja la división política presente en la Asamblea Nacional.
Estas reformas buscan no solo garantizar derechos fundamentales y mejorar la seguridad ciudadana, sino también combatir la corrupción y prevenir la violencia en el país. Sin embargo, el destino de estas reformas sigue en la incertidumbre, lo que deja en suspenso una oportunidad crucial para fortalecer el marco legal en la lucha contra la delincuencia en Ecuador.
