El Municipio de Quito ha puesto en marcha una serie de acciones administrativas a través de sus Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos, el Consejo de Protección de Derechos y la Secretaría de Inclusión Social. Estas medidas están destinadas a garantizar la protección integral de grupos vulnerables, como mujeres, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, ante los riesgos que pueden surgir de las jornadas de protesta en la ciudad. Las acciones buscan asegurar el respeto a la vida, la integridad y la dignidad de estas poblaciones, en concordancia con la Constitución de la República y los instrumentos de derechos humanos internacionales.
Entre las medidas adoptadas, se destaca el exhorto a los Ministerios de Defensa, Interior y Educación para asegurar el pleno ejercicio de derechos humanos durante las movilizaciones. Además, se busca evitar el uso excesivo de la fuerza en áreas con alta presencia de grupos vulnerables y se sugiere la implementación de modalidades educativas alternativas, como la virtualidad, para proteger a los estudiantes en situaciones de riesgo. También se ha dispuesto atención médica y psicológica inmediata para cualquier persona en situación de riesgo, en particular en zonas donde se han reportado enfrentamientos.
El Consejo de Protección de Derechos de Quito ha manifestado su preocupación por la violencia en la ciudad y ha instado al Estado a cumplir con su deber de protección a grupos prioritarios que participan en manifestaciones. Se reafirmó el compromiso de la institucionalidad municipal con la defensa de los derechos humanos y la paz social, promoviendo un enfoque de respeto hacia la identidad cultural y el ejercicio de la protesta social en el contexto actual de movilizaciones.
