Desde el 18 de septiembre, Ecuador ha sido escenario de intensas manifestaciones lideradas por la Conaie, que originalmente exigían la restitución del subsidio al diésel tras su eliminación. A pesar de algunos acuerdos prévios en provincias, los bloqueos en vías de Imbabura, Loja y Carchi persisten, afectando el transporte y la economía local. El presidente Daniel Noboa ha desplazado a 5 mil militares adicionales a la zona, sosteniendo que las medidas son necesarias para el bienestar del país.
Las comunidades indígenas continúan sus movilizaciones, desafiando los intentos del gobierno por levantar el paro. En Imbabura, la Panamericana E-35 sigue cerrada, y en Loja, la asamblea territorial del Pueblo Kichwa Saraguro se mantiene activa. A pesar de la presión gubernamental, la Conaie ha reafirmado que no participó en el diálogo que llevó a la suspensión del paro en algunas regiones, continuando su lucha por demandas más amplias que incluyen cuestiones económicas y sociales.
Las protestas han generado un impacto notable en la vida cotidiana ecuatoriana, interrumpiendo las cadenas de suministro y afectando el comercio. La oposición gubernamental y organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupaciones sobre la respuesta del estado, que ha sido considerada dura. A medida que la polarización política aumenta, la comunidad internacional también se interesa por la situación, instando a un diálogo efectivo y al respeto por los derechos humanos de los manifestantes.
