El 17 de octubre de 2025, se llevó a cabo una audiencia pública en el Complejo Judicial Norte de Quito para evaluar las solicitudes de medidas alternativas a la prisión preventiva de doce personas detenidas en Otavalo. Estas personas están procesadas por el presunto delito de terrorismo tras los disturbios ocurridos durante las protestas del 22 de septiembre, que incluyeron el incendio del cuartel de la Policía Nacional. Durante esta jornada, solo una mujer recibió medidas cautelares, mientras que los otros detenidos siguen en prisión preventiva.
La audiencia se centró en los argumentos presentados por los abogados defensores, quienes solicitaron la aplicación de medidas alternativas, como la presentación periódica o el uso de grilletes electrónicos. La defensa argumentó la falta de pruebas suficientes que vinculen a sus defendidos con los eventos delictivos, además de la condición de un detenido con discapacidad mental, lo que complica su situación en prisión. En contrastado, la Fiscalía se pronunció sobre la conveniencia de esas medidas una vez que analicen los planteamientos de la defensa.
Este caso forma parte del clima de tensiones sociales que enfrenta Ecuador, donde las protestas, inicialmente convocadas por la eliminación del subsidio al diésel, han crecido para abarcar otros reclamos relacionados con la política gubernamental. A medida que la situación en el país se intensifica, las autoridades judiciales deben manejar los casos con cuidado, reflejando las profundas divisiones y la búsqueda de justicia en un contexto de descontento ciudadano.
