José Guamán, un comunero de Chachibiro, se convierte en la cuarta víctima mortal en el contexto del paro nacional en Ecuador, relacionado con la reciente eliminación del subsidio al diésel. Guamán fue abatido por un disparo en el pecho mientras huía de fuerzas del orden durante un operativo en Otavalo. La comunidad indígena y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) han calificado su muerte como un ‘crimen de Estado’ y exigen justicia y verdad sobre el hecho.
Este suceso se suma a otros tres casos de muertes que han elevado la tensión durante las manifestaciones. Entre las víctimas se encuentra Efraín Fuérez, quien recibió disparos mientras escapaba de tanquetas militares. La presión social ha crecido, con denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, lo que ha llevado a la CONAIE a solicitar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de estas muertes.
Las protestas continúan en varias provincias ecuatorianas, reflejando el descontento por el aumento de los precios de los combustibles y otras medidas del gobierno. La comunidad indígena ha instado a la población a mantenerse unida, demandando justicia y reparación para los afectados por la violencia. Organismos de derechos humanos también están presionando para asegurarse de que las investigaciones sean independientes y transparentes frente a estos crímenes.
