La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha defendido un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo controlar flujos irregulares de capitales en Ecuador. Durante una comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el director encargado de la UAFE, José Julio Neira, subrayó que esta ley no busca perseguir a las organizaciones de la sociedad civil, tal como varios opositores han afirmado. Neira argumentó que la ley tiene como finalidad fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en el manejo de recursos de fundaciones y ONGs que operan en el país.
El proyecto propone la creación de un registro financiero obligatorio para estas entidades y la obligación de reportar actividades sospechosas. Neira afirmó que el enfoque es necesario y proporcional, permitiendo evaluar a cada organización bajo parámetros técnicos para identificar riesgos. Esto, según él, no implica una criminalización, sino una mejora en la rendición de cuentas y en la prevención de delitos económicos, en un contexto donde se teme que algunos fondos sean utilizados para fines ilícitos.
Sin embargo, hubo críticas desde la oposición, especialmente por parte de la asambleísta Liliana Durán, quien expresó su preocupación sobre el potencial uso de esta normativa como una herramienta para el control político de los grupos sociales. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno insiste en que la regulación no implica restricciones, sino un sistema de control financiero que busca proteger la integridad del sector económico ecuatoriano. La comisión tiene un plazo de 30 días para analizar el proyecto que podría extender el control a unas 60,000 fundaciones en el país.
