En Ecuador, se está debatiendo un proyecto de ley que busca establecer un marco claro para la cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía en temas de seguridad nacional. Esta propuesta ha recibido una serie de sugerencias de los delegados del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Uno de los puntos más destacados es la modificación del lenguaje del documento, donde se plantea reemplazar el término ‘uso progresivo y diferenciado de la fuerza’ por ‘uso legítimo de la fuerza’, buscando evitar ambigüedades y garantizar que se respeten los derechos humanos durante las intervenciones.
Además, la propuesta estipula que entidades clave como la Presidencia de la República y la Corte Constitucional deben cumplir con las disposiciones establecidas, promoviendo un enfoque integral para la seguridad pública. Por su parte, el asesor del Ministerio de Defensa ha cuestionado la necesidad de un control constitucional y ha argumentado que los mecanismos de supervisión ya están contemplados en otras normativas. Las discusiones han puesto de manifiesto la importancia de una comunicación clara en el proyecto para evitar complicaciones en su implementación.
La Presidenta de la Comisión de Seguridad ha instado a los participantes a que presenten sus propuestas por escrito para un análisis más exhaustivo. El proceso de solicitud para el apoyo militar también ha sido un tema crucial en estas discusiones, y se busca que toda petición esté debidamente motivada y sea entregada al presidente, quien emitirá el decreto correspondiente. Con todo esto, la normativa sigue en análisis y su eventual aprobación podría transformar significativamente la colaboración entre las instituciones de seguridad en la lucha contra la criminalidad.
