El 8 de octubre de 2025, la juez penal Erika Álvarez ordenó la liberación inmediata de cinco personas detenidas tras un ataque a la caravana presidencial de Daniel Noboa en Cañar. El ataque ocurrió durante manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, dejando a tres militares heridos. La juez dictó la resolución tras determinar que las detenciones habían sido ilegales, señalando violaciones al debido proceso, como la incomunicación y la falta de lectura de los derechos de los aprehendidos.
Durante la audiencia de flagrancia, la fiscal Martha Villamarín solicitó formular cargos por ataque y resistencia, respaldando su posición con evidencias de daños a la caravana. Sin embargo, la jueza concluyó que las irregularidades en el procedimiento invalidaban cualquier acusación. La defensa de los detenidos había argumentado que las aprehensiones eran arbitrarias y contrarias a la constitución, lo que concluyó en una decisión inesperada que generó un intenso debate sobre derechos fundamentales y uso de la fuerza por parte del estado.
La liberación de los detenidos ha resaltado un contexto de tensión social en Ecuador, donde las protestas indígenas han ido en aumento debido a las políticas económicas del Gobierno. Mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos, el caso se ha convertido en un símbolo del enfrentamiento entre las exigencias sociales y la respuesta del estado, lo que ha desencadenado un complejo diálogo sobre seguridad y derechos humanos en el país.
