La reciente aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones civiles. César Ricaurte, director de Fundamedios, expresó su preocupación por las restrictivas regulaciones que enfrenta el sector de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas nuevas normas, aprobadas de manera urgente, imponen controles excesivos que podrían limitar gravemente el funcionamiento y la participación ciudadana en el país.
Ricaurte argumentó que la ley no aborda adecuadamente el problema del lavado de activos, un tema que supuestamente justifica sus disposiciones. A pesar de que informes indican que las ONG representan un riesgo bajo en este sentido, la normativa las equipara a instituciones financieras, lo que podría resultar en una carga administrativa abrumadora. Este enfoque, según Ricaurte, obstaculiza la creación de nuevas organizaciones y desincentiva la participación de los ciudadanos en actividades sociales y comunitarias.
Ante este panorama, las organizaciones civiles ya han comenzado a planear acciones legales para impugnar la ley ante la Corte Constitucional, argumentando que viola derechos fundamentales como la libre asociación. Ricaurte hizo un llamado a las autoridades para que reconsideren la implementación de esta normativa y se concentren en abordar casos específicos de ONG sospechosas en lugar de aplicar regulaciones generales que afectan a toda la sociedad civil. Este conflicto resalta la creciente tensión entre el gobierno y las organizaciones que defienden los derechos humanos en Ecuador.
