La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha abierto investigaciones sobre once casos de presunta violencia sexual en el ámbito clerical, impulsadas por el reciente caso de un sacerdote en Olón. Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la FGE, expuso estos hechos ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, destacando la gravedad de estas acusaciones y la necesidad de adoptar medidas de protección adecuadas para las víctimas, especialmente para los adolescentes involucrados.
Desde el 17 de agosto, se han tomado acciones específicas, como valoraciones psicológicas y pericias técnicas para evaluar el entorno social de los implicados. Aunque uno de los casos está en etapa procesal, los demás se encuentran en fase de investigación previa, sugiriendo la posibilidad de que existan más denuncias a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo ha manifestado su compromiso de mantener un seguimiento riguroso sobre el caso y el proceso en general.
La Diócesis de Santa Elena ha respondido separando al sacerdote involucrado de su cargo pastoral, enunciando una política de cero tolerancia hacia cualquier acto inmoral. A pesar de la gravedad de la problemática, algunas autoridades eclesiásticas no han asistido a las sesiones de fiscalización, lo cual ha generado críticas públicas. La presidenta de la Comisión de la Niñez del Asamblea subrayó la importancia de proteger a los menores y evitar cualquier tipo de abuso bajo el manto de la fe.
