La reciente decisión del gobierno de Daniel Noboa de despedir a 5.000 trabajadores públicos y fusionar ministerios ha despertado la furia de sindicatos y colectivos sociales en Ecuador. La eliminación de carteras, especialmente el Ministerio de la Mujer, ha sido calificada como una regresión en los derechos. Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Nacional de Servidores Públicos han anunciado movilizaciones programadas para fines de julio y principios de agosto para exigir que las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública sean procesadas por la Corte Constitucional.
Los trabajadores sostienen que esta racionalización no solo impacta el empleo, sino que también vulnera a miles de familias. Edwin Bedoya, presidente encargado del FUT, ha denunciado que los despidos afectan desproporcionadamente a quienes fueron contratados durante los anteriores gobiernos. La fusión de doce ministerios, junto a la reducción de cargos en el sector educativo, ha alimentado la percepción de que el gobierno está priorizando el ajuste fiscal sobre la protección social y el bienestar público.
Las organizaciones sociales están uniendo fuerzas para defender sus derechos y proponen no recortar empleos ni reducir carteras estratégicas. En cambio, abogan por una mayor inversión en sectores esenciales como salud, educación y cultura, financiados por una adecuada tributación a las grandes fortunas. Este escenario ha generado un fuerte impulso en las movilizaciones, con jornadas de defensa del empleo programadas para los próximos días, manifestando así la clara resistencia ante la política de austeridad del gobierno.
