Ecuador atraviesa un paro nacional que ha llegado a su día 23, en respuesta a la eliminación del subsidio del diésel. Las movilizaciones, guiadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tienen como epicentro la provincia de Imbabura, donde la situación se ha tornado crítica y ha resultado en la pérdida de vidas. Los cierres viales son extensos, con restricciones en varias carreteras clave en Pichincha e Imbabura, afectando tanto el transporte como la actividad económica en esas regiones.
A pesar de las continuas protestas, no se vislumbran negociaciones entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Conaie. El presidente de la organización indígena, Marlon Vargas, ha negado cualquier intención de violencia en las manifestaciones, señalando que la represión ejercida por las fuerzas del orden ha sido desmedida. Vargas también ha denunciado que los verdaderos desencadenantes de la violencia y los conflictos han sido las acciones del Estado en lugar de los manifestantes pacíficos.
El gobierno, por su parte, ha respondido a las acusaciones de violencia, argumentando que no hubo excesos por parte de la policía. La situación se ha vuelto aún más tensa tras el ataque a un convoy humanitario, donde resultó herido un oficial de policía. Esta crisis no solo subraya la creciente polarización en Ecuador, sino que también plantea preguntas sobre los derechos humanos y la respuesta del gobierno a las demandas sociales.
