
La Presidencia de Ecuador ha solicitado a la Corte Constitucional suspender la audiencia programada para el 18 de agosto de 2025, en relación a la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Este pedido fue hecho por el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, debido a la necesidad de tiempo para preparar las respuestas legales ante las múltiples acciones acumuladas relacionadas con esta controvertida ley, que han provocado un intenso debate en el ámbito político y social del país.
La ley en cuestión ha sido objeto de críticas significativas, con demandas interpuestas por el partido Unidad Popular y la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes cuestionan varios aspectos de la normativa, incluyendo la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público. Estas críticas se centran en reformas que incluyen la transformación de cooperativas en bancos y la exoneración de impuestos a la Corporación Noboa, acciones que según los opositores han generado daños irreparables a muchos funcionarios afectados por despidos masivos.
La Corte ha recibido un flujo considerable de demandas de inconstitucionalidad, lo que subraya el impacto político y legal que tiene la Ley de Integridad Pública en la agenda del Gobierno y la Asamblea Nacional. La audiencia de agosto podría ser crucial para definir el futuro de estas reformas y asegurar la protección de los derechos laborales en Ecuador, en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales y laborales que exigen justicia y revalorización de los derechos de los trabajadores.