La Corte Constitucional de Ecuador ha recibido una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia Social, conocida también como Ley de Fundaciones. Esta apelación fue presentada por Carlos Hernán Heredia Fiallo y va dirigida contra la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República, alegando la existencia de serias irregularidades en el proceso de formación de la ley. Heredia argumenta que la normativa incurre en vicios insubsanables, especialmente por la inclusión de disposiciones que no guardan coherencia con el propósito inicial de la ley.
Entre las principales críticas a la Ley de Transparencia Social se encuentra la asignación de nuevas atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y el perdón de intereses de deudas a empresas públicas en liquidación. Sin embargo, el aspecto más polémico es la creación de un impuesto a las utilidades no distribuidas de las empresas, una medida que ha generado un fuerte rechazo en el sector empresarial. Este contexto plantea un escenario complicado para el gobierno de Daniel Noboa, quien promueve la ley como un mecanismo para regular organizaciones no gubernamentales involucradas en lavado de dinero.
La demanda está todavía en espera de ser admitida por la Corte, y se suma a una serie de procesos similares contra otras leyes propuestas por el gobierno de Noboa. Esta situación refleja un creciente debate sobre la transparencia y regulación de fundaciones en Ecuador, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la fiscalización gubernamental y los derechos de las organizaciones no lucrativas. La atención se centrará en cómo la Corte Constitucional abordará este desafío político y legal.
