Recientemente, un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., Darren Beattie, solicitó registros internos sobre una extensa lista de individuos y organizaciones críticas hacia el expresidente Donald Trump. Esta acción ha sido calificada por muchos como un intento de ‘caza de brujas’. El documento, clasificado como ‘sensible pero no clasificado’, detalla la búsqueda de correos electrónicos y comunicaciones con figuras destacadas en el ámbito de la desinformación, así como aquellos que han cuestionado las políticas del expresidente.
Beattie, quien fue nombrado por Trump, ha impulsado una narrativa que considera que el Departamento de Estado ha estado involucrado en actividades que censuran a voces conservadoras. En consecuencia, su solicitud no se limita solo a buscar información sobre desinformación extranjera, sino que se extiende a incluir nombres de críticos de Trump, lo que ha generado preocupaciones sobre el posible uso indebido de la información obtenida. Esta carta de intenciones ha alarmado a varios funcionarios que ven en ello un riesgo para la privacidad y la seguridad de quienes han sido nombrados.
Mientras el Departamento de Estado cerraba su oficina encargada de combatir la desinformación, la solicitud de Beattie se interpretó como un mecanismo para ‘documentar’ lo que él y otros consideran un daño hacía las voces conservadoras. Sin embargo, algunos empleados han expresado su temor a que cualquier divulgación selectiva de documentos pueda ser manipulada para impulsar una narrativa particular, lo que resultaría en un efecto paralizante sobre futuras investigaciones en desinformación y una disminución en la transparencia del gobierno.
