El 7 de agosto de 2025, Quito se preparará para una gran movilización que reunirá a diversos sectores sociales, incluyendo trabajadores, educadores, médicos y representantes de comunidades vulnerables. La marcha tiene como objetivo defender el sector público y rechazar las leyes de Inteligencia, Seguridad e Integridad Pública que ha impulsado el gobierno de Daniel Noboa. Desde la Caja del Seguro hasta la Corte Constitucional, los manifestantes exigirán que se frenen los recortes y despidos masivos que ya han afectado a 5,000 empleados públicos.
Las organizaciones convocantes, entre ellas la Federación Médica Ecuatoriana y la Unión Nacional de Educadores, han expresado su preocupación por el impacto que los despidos tendrán en los servicios esenciales, como la salud y la educación. Informes han revelado que la mayoría de los trabajadores desvinculados son mujeres, lo que ha sido calificado por los gremios como un acto de misoginia. Los líderes de estos movimientos han insistido en que el presidente Noboa debe gobernar para todos, y no solo para unos pocos.
Además de la movilización del 7 de agosto, se planea una Convención Nacional el 16 de agosto, donde se buscará establecer una agenda común para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno. Los colectivos y organizaciones sociales han hecho un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la crítica situación en Ecuador, donde temen que la profundización de estas políticas neoliberales pueda exacerbar aún más la desigualdad y vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos del país.
