El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el 12 de septiembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 119, que concede el indulto a María Rebeca Morocho Sisalema. Morocho había sido condenada por estafa y cumplía una pena de cinco años en la cárcel de Chimborazo. El indulto se basa en un informe favorable del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) que destacó su buena conducta y el cumplimiento de sus obligaciones legales y morales.
El decreto presidencial establece que Morocho mantuvo una conducta ejemplar durante su reclusión y cumplió con la reparación económica a la víctima, además de ofrecer disculpas públicas. A pesar del indulto, la extinción de su pena no anula sus antecedentes penales ni implica una declaración de inocencia. La medida se alinea con las facultades constitucionales concedidas al presidente en el marco del artículo 147 de la constitución ecuatoriana, que permite conceder indultos bajo ciertas condiciones.
El indulto permite a Morocho abandonar la cárcel en las próximas horas, pero debe continuar cumpliendo con la ley. Aunque ha logrado salir de prisión, sigue siendo responsable de la indemnización civil ya ordenada por la justicia. Este suceso ha generado un debate sobre el uso de indultos en Ecuador y las condiciones bajo las cuales se otorgan, poniendo de manifiesto temas de justicia y equidad en el sistema penal del país.
