La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) ha declarado persona no grata a la vicepresidenta María José Pinto debido a su apoyo a políticas que consideran perjudiciales para los agricultores y comunidades Kichwa. Esta decisión surge tras la implementación del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, provocando un descontento generalizado entre organizaciones sociales y sindicales que argumentan que esta medida incrementa los costos de la canasta básica familiar y afecta gravemente a los sectores empobrecidos del país.
Durante su visita a Otavalo, Pinto fue recibida con rechazo por parte de la organización, que argumentó que su presencia representaba una afrenta a las comunidades campesinas. UNORCAC ha realizado un llamado a una movilización indefinida a partir del 21 de septiembre, organizando a las comunidades para fortalecer la solidaridad y resistencia frente a lo que consideran políticas injustas del gobierno. Este levantamiento busca asegurar que cualquier proyecto estatal en la región sea coordinado exclusivamente con los cabildos comunitarios.
Este conflicto actual entre las comunidades indígenas y el gobierno de Ecuador tiene antecedentes de décadas, donde decisiones relacionadas con subsidios han desencadenado protestas y paros nacionales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también ha manifestado su apoyo a esta lucha, planteando la reactivación de espacios de diálogo como el Parlamento Plurinacional, en un intento por coordinar acciones y proteger los derechos e intereses de los pueblos indígenas. La situación en Cotacachi se perfila como un nuevo capítulo en la lucha por la autonomía y la defensa del territorio Kichwa frente a políticas estatales que consideran invasivas y dañinas.
