Recientemente, se ha revelado un esfuerzo masivo dentro del Departamento de Estado de EE. UU. para recopilar comunicaciones internas relacionadas con la desinformación. Un documento distribuido por el funcionario Darren Beattie solicita registros de correos electrónicos y otros datos de aproximadamente 60 individuos y organizaciones, muchos de ellos críticos del expresidente Trump. Este movimiento ha generado alarma entre los destinatarios, quienes ven la solicitud como un posible ataque a la libertad de prensa.
Los nombres mencionados incluyen periodistas, expertos en desinformación y críticos del gobierno, sugiriendo que el objetivo es documentar cualquier conversación que involucre a estas figuras, especialmente en relación con temas sensibles. Beattie, apodado por algunos como un aliado de Trump, considera que esta recopilación es necesaria para restaurar la confianza pública, sin embargo, muchos ven esto como una caza de brujas potencialmente peligrosa.
Este enfoque ha levantado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los individuos involucrados, además de plantear un precedente inquietante en la administración de la información dentro de gobiernos. A medida que avanzan las investigaciones y las solicitudes, el temor de que se utilicen documentos para retener información o incluso para desprestigiar a críticos se convierte en un tema de debate central sobre la transparencia en la administración pública.
