Un reciente documento interno de un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. ha desatado una ola de preocupación. Este documento detalla un esfuerzo sistemático por recopilar comunicaciones y registros de numerosas figuras públicas y críticas de la administración Trump, presentando una amenaza a la privacidad y a la libertad de expresión. Los destinatarios de esta recolección incluyen periodistas, exfuncionarios del gobierno y especialistas en desinformación, lo que resalta la magnitud del intento de supervisar a los críticos del gobierno estadounidense.
El objetivo del funcionario, Darren Beattie, es llevar a cabo una especie de ‘filtración de documentos’ al estilo de Twitter, buscando ampliar la transparencia del gobierno. Sin embargo, las críticas señalan que esto se asemeja más a un ‘cacería de brujas’, donde se busca desacreditar o intimidar a aquellos que han cuestionado la administración. En la lista se encuentran nombres de alto perfil, desde Bill Gates hasta profesionales del periodismo, generando temores sobre el uso político de la información recopilada.
Este tipo de acciones despiertan alarmas sobre cómo los recursos del gobierno pueden ser utilizados para silenciar voces disidentes y perjudicar el periodismo. Funcionarios estatales han expresado su preocupación sobre el impacto de tales medidas en la transparencia y si esas prácticas pueden causar un efecto disuasorio en la libertad de prensa y en las investigaciones sobre desinformación. La situación actual plantea serias interrogantes sobre la frontera entre la lucha contra la desinformación y la censura de ideas y opiniones.
