
La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) no logró los votos necesarios para destituir a Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La moción de censura, presentada por Fernando Jaramillo, alcanzó solo 75 de los 101 votos requeridos. Este intento surgió por acusaciones de ‘incumplimiento de funciones’ relacionadas con ausencias en sesiones clave del CJ, lo que generó un amplio debate sobre la responsabilidad y el desempeño de la funcionaria.
Goyes defendió su actuación, calificando las acusaciones como absurdas y sin fundamento. Argumentó que su ausencia en la sesión del 16 de abril de 2025 se debió a que no se aceptaron sus observaciones técnicas al reglamento en discusión. Además, enfatizó que había propuesto un modelo más efectivo que garantizaba una mejor especialización judicial, apoyada por la Corte Constitucional en un fallo reciente que consideraba inconstitucional el reglamento original.
Tras la fallida moción de censura, la coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, criticó al oficialismo por no demostrar el incumplimiento de funciones y advirtió sobre las implicaciones de este juicio político en la independencia judicial. Al final, Goyes se mantuvo en su puesto, destacando la importancia de los procesos y el respeto a las instituciones en la política ecuatoriana.