Recientemente, un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., Darren Beattie, ha desatado una polémica tras solicitar registros de comunicaciones internos que involucran a una amplia gama de figuras públicas y críticos de la administración Trump. Este documento, parte de un esfuerzo por demostrar la supuesta censura conservadora, ha sido clasificado como un intento de recopilación de información que muchos han interpretado como una ‘caza de brujas’ contra aquellos que han cuestionado las políticas del expresidente.
Con un enfoque en el correcto uso de las plataformas digitales, Beattie ha pedido que se investiguen todas las comunicaciones desde 2017 relacionadas con nombres reconocidos en el ámbito de la crítica política, así como palabras clave polémicas relacionadas con teorías de conspiración y movimientos sociales. Este pedido ha alarmado a muchos dentro del propio Departamento, que ven en ello una amenaza a la privacidad de los involucrados y un uso indebido de los recursos destinados a combatir la desinformación.
La respuesta a esta solicitud ha generado preocupaciones sobre las posibles repercusiones en la libertad de expresión y la transparencia gubernamental. Los críticos advierten que tal recopilación de datos podría ser utilizada para castigar a quienes son vistos como adversarios, afectando la confianza pública en el gobierno. Este escándalo subraya la tensión existente entre la administración actual y aquellos que han sido vocales en su oposición, llevando a un debate profundo sobre la naturaleza de la censura y el control de la información en tiempos contemporáneos.
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