Recientemente, un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU., Darren Beattie, ha sido acusado de iniciar una amplia búsqueda de comunicaciones internas que involucran a periodistas, funcionarios europeos y críticos del expresidente Donald Trump. El objetivo, según se informa, es compilar un registro de interacciones y correos electrónicos con una lista extensa de nombres de personas influyentes y organizaciones, muchos de los cuales han sido tradicionalmente objeto de críticas por parte de la derecha política, en un esfuerzo que algunos han calificado de ‘caza de brujas’.
El documento distribuido por Beattie revela su intención de realizar una especie de difusión pública similar a los ‘Twitter files’ para mostrar lo que él describe como una supuesta censura conservadora. Sin embargo, la naturaleza de las solicitudes ha suscitado alarmas entre los empleados del Departamento de Estado, quienes consideran que este esfuerzo podría atentar contra la privacidad y la seguridad de numerosas personas y organizaciones, ya que las solicitudes incluyen un gran número de palabras clave relacionadas con la política y el activismo.
Con la reciente disolución del R/FIMI, el pequeño equipo encargado de contrarrestar la desinformación extranjera, los críticos han aumentado sus preocupaciones sobre el uso indebido de los registros públicos y cómo podrían ser utilizados para discriminar a voces críticas del gobierno. Algunos expertos advierten que este tipo de acciones puede crear un efecto paralizador, limitando la capacidad de los investigadores y periodistas para llevar a cabo su labor sin temor a repercusiones.
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