Recientemente, un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., Darren Beattie, ha solicitado comunicaciones internas relacionadas con una extensa lista de figuras públicas y organizaciones, bajo la premisa de exponer supuesta censura a voces conservadoras. Este documento revela un esfuerzo para obtener correos y registros sobre personas que han criticado a Trump o que están vinculadas a la lucha contra la desinformación, generando preocupaciones sobre la motivación detrás de tal búsqueda.
Se menciona que el documento incluye nombres prominentes como periodistas, exfuncionarios del ciberespacio y críticos de la administración actual. Especialistas en la materia han calificado estas solicitudes como un alarmante ‘caza de brujas’ que pone en riesgo la privacidad y seguridad de muchas personas. Tanto críticos como exfuncionarios han expresado su preocupación por el uso indebido de los registros públicos y la posible creación de una lista de enemigos por parte del gobierno.
En el contexto de una mayor vigilancia sobre la desinformación y el discurso político, este desarrollo se suma a un clima de tensión en torno a la libertad de expresión. Muchos ven este acto como un intento de callar voces críticas en un clima político polarizado. A medida que el Departamento de Estado enfrenta más llamadas por transparencia, la búsqueda de Beattie ha suscitado un debate sobre el acceso a la información del gobierno y su posible manipulación.
