Leonidas Iza, exlíder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), enfrenta una grave denuncia por el supuesto secuestro de tres policías en la comunidad de San Ignacio, en Cotopaxi. Los uniformados han estado retenidos desde el 18 de agosto, lo que ha generado una fuerte controversia en el país. De acuerdo con dirigentes indígenas, la retención de los policías se debió a un intento de atentar contra la vida de Iza, lo que añade un componente de tensión en la relación entre las comunidades indígenas y el Estado.
El abogado de Iza, Carlos Poveda, confirmó la existencia de esta denuncia durante una audiencia de habeas corpus, que busca la liberación de los policías retenidos. Destacó que la justicia indígena tiene su propio proceso que se debe respetar, aunque existen preocupaciones sobre la falta de transparencia en el caso. Poveda también hizo referencia a la ausencia de documentación que respalde que los policías estuvieran realizando investigaciones previas, lo que levanta cuestionamientos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
El caso ha generado un amplio debate sobre la legitimidad de la actuación de los policías y la dinámica de la justicia indígena. Según Poveda, la persecución y el espionaje también son delitos, incluso si involucran a funcionarios públicos. Este suceso refleja las complejidades legales y sociales que enfrenta Ecuador en su intento por equilibrar la justicia indígena con el sistema judicial formal, y plantea serias interrogantes sobre la legalidad de las acciones realizadas en este contexto.
