El exasambleísta Pablo Muentes, miembro del Partido Social Cristiano, se enfrenta a una situación crítica después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia denegara su recurso de habeas corpus. El Tribunal, conformado por los jueces Adrián Rojas, Pablo Loaiza y Rita Bravo, determinó que el traslado de Muentes desde la Cárcel 4 de Quito a La Roca en Guayaquil no violaba ningún derecho constitucional. Esta drástica decisión se produce en el contexto del caso Purga, en el cual Muentes fue condenado a trece años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada.
La audiencia sobre el habeas corpus se reinstaló el 19 de agosto de 2025, donde el abogado de Muentes, Diego Chimbo, argumentó que el traslado fue arbitrario y carecía de justificación clara por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI). Sin embargo, Gustavo Espín, representante del SNAI, defendió la decisión citando la Ley Orgánica de Inteligencia, destacando que el traslado estaba destinado a proteger la seguridad de Muentes, un punto que el Tribunal respaldó al decidir que el habeas corpus no era el recurso adecuado para cuestionar traslados.
La controversia hace eco en el debate sobre los derechos de los presos y las competencias del SNAI. Muentes, el reo de mayor edad en La Roca y que ha reportado problemas de salud no atendidos, reportó un intento de atentado en dicho penal, lo que destaca las tensiones que existen dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. A pesar de las quejas sobre su traslado, el Tribunal aseguró que el SNAI es el organismo competente para decidir sobre la seguridad de los internos, marcando un claro límite a los recursos legales disponibles para los condenados en Ecuador.
