El Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, sorprendió al solicitar a la Corte Constitucional el desalojo de su sede en Quito. El pedido fue emitido por el Ministerio de Energía y Minas, con la justificación de que se necesitaba espacio adicional para el personal tras la fusión de ministerios. Este anuncio, que se realizó el 19 de agosto de 2025, generó inmediatas repercusiones en el ambiente político del país.
Sin embargo, la controversia no terminó ahí. Apenas un día después, el 20 de agosto, el mismo ministerio comunicó a la Corte que la disposición de desalojo había sido declarada ‘insubsistente’. Esta rápida reversión generó inquietud y especulaciones sobre las verdaderas intenciones del Gobierno, en medio de un clima de tensiones con los jueces de la Corte y conflictos sobre leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
El intercambio de comunicados pone de manifiesto la compleja relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, reflejando una lucha por el poder en el proceso de toma de decisiones. Este suceso no solo subraya la tensión existente, sino que también deja abierta la posibilidad de futuras confrontaciones en la política ecuatoriana.
