
Este fin de semana, el ingreso de Shakira a un hospital en Perú por dolores abdominales desató un escándalo inesperado. Tras la cancelación de su show en Lima, miles de fans ecuatorianos y bolivianos se congregaron en la capital, solo para enterarse de la noticia. Lo que parecía ser una situación desesperante se convirtió en un tema candente en redes sociales cuando se filtró su parte médico, revelando detalles sobre su tratamiento y medicamentos, una información que nunca debió salir a la luz pública.
El descontento no solo vino de los fans, sino también de las autoridades. La clínica donde fue atendida, Clínica Delgado del grupo Auna, emitió un comunicado exigiendo respeto por la confidencialidad de los pacientes y recordando a su personal médico la importancia de la protección de datos. Este tipo de filtraciones, indican, no solo son poco éticas, sino que son un delito que puede tener graves consecuencias para los implicados en la divulgación de información sensible.
Por si fuera poco, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú también intervino, declarando que este acto constituye una violación del derecho a la intimidad de Shakira. Se anunciaron posibles sanciones económicas que podrían alcanzar hasta USD 433.000 para aquellos responsables de la filtración. La indignación y la solidaridad con la cantante crecen, mientras sus seguidores esperan que se haga justicia.
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