Un nuevo documento del Departamento de Estado de EE. UU. revela un intento amplio de recolectar comunicaciones internas sobre una lista considerable de figuras públicas y críticos del ex-presidente Donald Trump. Este esfuerzo, dirigido por el oficial designado por Trump, Darren Beattie, ha generado preocupaciones sobre un posible abuso de poder y la privacidad de los involucrados. La lista incluye no solo políticos y comentaristas, sino también periodistas y expertos en desinformación que han desafiado la narrativa de la derecha estadounidense.
El documento, que se compartió oportunamente a poco de ser designado Beattie, solicita todas las comunicaciones relacionadas con individuos y organizaciones que se han ocupado de la desinformación a nivel extranjero. Esta recopilación ha sido percibida por algunos como una ‘cacería de brujas’, ya que podría poner en riesgo la seguridad de las personas involucradas, así como obstaculizar la capacidad de los periodistas para establecer fuentes confiables. Operadores dentro del Departamento de Estado han manifestado su alarma y cuestionado la legitimidad de tales solicitudes que parecen ir más allá de los estándares típicos de transparencia.
La situación se torna más compleja con el cierre del R/FIMI, la oficina que había recogido y contrarrestado la desinformación extranjera. Los críticos advierten que la búsqueda de esta información, en combinación con la situación política actual, podría tener un efecto escalofriante en la investigación y el análisis de la desinformación, limitando la libertad de expresión y facilitando un entorno hostil hacia quienes cuestionan la narrativa oficial. Las implicaciones de tales acciones no sólo afectan a los individuos en la lista, sino también a la salud de la democracia y el debate en la esfera pública.
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