En un giro impactante de los acontecimientos políticos en Ecuador, el alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, ha sido ordenado a prisión preventiva junto con nueve cómplices por un presunto delito de peculado. Este fallo fue emitido por la Sala Especializada Penal de la Corte de Justicia de Pichincha tras la presentación de evidencias por parte de la Fiscalía. La investigación, que se centra en contratos irregulares y el uso indebido de bienes públicos, ha abierto un escándalo que podría afectar significativamente la carrera política de Arroyo y otros involucrados.
Las indagaciones comenzaron en octubre de 2024 a raíz de una denuncia del vicealcalde y una funcionaria del municipio. Las pesquisas han revelado que desde la llegada de Arroyo a la alcaldía en mayo de 2023, han surgido numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos para proyectos municipales. Se alega que Arroyo y sus coacusados habrían usado sus posiciones para obtener beneficios personales y económicos indebidos. La fiscalía ha acumulado evidencias que incluyen movimientos bancarios sospechosos y vínculos con contratistas favorecidos.
A raíz de estas investigaciones, la Fiscalía y la Policía Nacional llevaron a cabo allanamientos en Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, deteniendo a Arroyo y varios de sus colaboradores. Durante estas operaciones, se incautaron numerosos documentos y dispositivos electrónicos que podrían ser claves para el caso. Este escándalo no solo pone en jaque la administración de Arroyo, sino que también despierta interrogantes sobre la gestión pública en la región y las posibles redes de corrupción que operan en el municipio.
