
La Contraloría General del Estado de Ecuador ha anunciado el inicio de un examen especial de rutina en la administración de talento humano y el pago de nóminas de la Corte Constitucional, abarcando desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de julio de 2025. Esta auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de normativas legales y la veracidad de los gastos realizados por la Corte, según un comunicado oficial. El examen forma parte del Plan Anual de Control de la Contraloría y se centra en asegurar que la gestión de talento humano y las nóminas sean conformes a las disposiciones legales vigentes.
Sin embargo, el anuncio de esta auditoría ha suscitado controversia en redes sociales, donde algunos internautas han especulado sobre posibles motivaciones políticas detrás de esta acción, especialmente después de las tensiones recientes entre el Gobierno y la Corte Constitucional. Adicionalmente, se produjo un incidente donde el Ministerio de Energía solicitó el desalojo del edificio que ocupa la Corte, aunque este pedido fue posteriormente retirado. Ante estas sospechas, la Contraloría ha negado categóricamente cualquier intención política en la auditoría, subrayando que se trata de un procedimiento habitual.
La Corte Constitucional, que aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la auditoría, se espera que colabore con la Contraloría para proporcionar la información necesaria. La revisión abarcará más de cuatro años, permitiendo un escrutinio detallado sobre la contratación de personal, los salarios y otros gastos relacionados. Los resultados de esta auditoría serán públicos y podrían llevar a recomendaciones o procesos administrativos si se encuentran irregularidades, lo que genera expectativa en el ámbito político y social del país.