La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ha logrado evadir un juicio político en su contra tras la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de no aceptar la solicitud presentada por tres asambleístas de la Revolución Ciudadana. La solicitud, presentada el pasado 31 de julio, alegaba la presunta responsabilidad de la ministra en el caso Progen, que ha causado importantes perjuicios al Estado ecuatoriano.
Los asambleístas Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna argumentaron que la Asamblea no podía eludir su deber de control político frente a posibles actos de corrupción. La petición contaba con el apoyo de más del 25% del Legislativo, pero a pesar de ello, la CAL decidió no avanzar con el juicio político, lo que ha generado un creciente descontento entre los legisladores opositores y la ciudadanía.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo una investigación penal relacionada con el caso Progen, que involucra contratos para la construcción de centrales hidroeléctricas. Este escándalo ha puesto en tela de juicio la transparencia del sector energético en Ecuador y ha dejado a la ministra Manzano en una posición delicada, pues sus acciones y decisiones están siendo vigiladas de cerca por las autoridades y la sociedad en general.
