Recientemente se ha destapado un profundo escándalo en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un alto funcionario, Darren Beattie, solicitó información interna sobre comunicaciones con críticos de Donald Trump y destacados periodistas. Esta búsqueda incluye a un número significativo de figuras públicas que han sido objetivos del partido político de Trump, así como términos asociados a la desinformación y la censura, generando preocupaciones sobre una posible ‘cacería de brujas’.
Beattie, quien asumió el cargo de subsecretario de diplomacia pública, expresó su deseo de exponer un volumen masivo de documentos internos que supuestamente demostrarían una censura en redes sociales hacia voces conservadoras. Sin embargo, este movimiento ha sido criticado por considerarse una amenaza a la privacidad y la libertad de expresión, con medios de comunicación y defensores de derechos en alerta máxima sobre el impacto que podría tener en las relaciones con periodistas y críticos.
La situación ha suscitado alarmas sobre los riesgos de un abuso de poder en la recopilación de información y un clima de intimidación. Con la reciente disolución de la oficina responsable de contrarrestar la desinformación, los críticos advierten que esta búsqueda podría llevar a un desvío peligroso de la transparencia gubernamental hacia esfuerzos de silenciar a quienes se oponen a la administración. La preocupación por un posible ‘efecto escalofrío’ entre los investigadores de desinformación y las consecuencias de tal vigilancia es un tema central en este controversial debate.
