La Presidencia de Ecuador ha solicitado a la Corte Constitucional suspender la audiencia pública programada para el 18 de agosto, en la que se discutirán 19 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. Este proyecto, aprobado por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional y sus aliados, ha generado controversia debido a su impacto en los derechos laborales de los trabajadores del sector público. La solicitud fue presentada por el secretario jurídico Stalin Andino, quien argumenta la necesidad de más tiempo para preparar la defensa del Ejecutivo ante las acusaciones de diversos grupos civiles.
Entre los demandantes se encuentran organizaciones sociales y gremiales, incluyendo la Unión Nacional de Educadores (UNE), que han manifestado preocupación sobre cómo la ley podría afectar la estabilidad laboral. El artículo 6 de la ley, que ofrece incentivos económicos a funcionarios que se jubilan a los 65 años, ha sido particularmente criticado. La audiencia, que se llevará a cabo de forma virtual, permitirá a cada parte presentar sus argumentos sobre la constitucionalidad de la norma.
Mientras tanto, la Corte Constitucional enfrenta otras demandas relacionadas con leyes impulsadas por el Ejecutivo, incluyendo la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Estas leyes han sido objeto de controversia y cuestionamientos por organizaciones que afirman que infringen derechos fundamentales. La posición del Gobierno es que las reformas integradas en estas leyes son coherentes con sus objetivos, aunque aún se espera una resolución definitiva sobre las demandas presentadas.
