Elon Musk ha implementado un audaz y controvertido método para despedir a funcionarios a través de un correo electrónico enviado por DOGE. Este mensaje, dirigido a más de 2.3 millones de empleados federales, pedía un informe sobre lo hecho en la última semana, advirtiendo que la falta de respuesta implicaría su renuncia automática. Esta estrategia ha dejado boquiabiertas a las agencias, que se encuentran en un dilema sobre cómo lidiar con esta inusual petición.
Las agencias gubernamentales como la NASA y el FBI han decidido ignorar el correo. La NASA, en particular, ordenó a sus empleados no responder hasta contar con una guía que proteja la información sensible. El FBI también ha mostrado reticencia, insistiendo en que las respuestas se gestionen a través de sus procesos internos. Este desafío a la autoridad de Musk muestra un claro desacuerdo con su enfoque poco convencional hacia la gestión en el sector público.
Calculando el tiempo que podría costar este ejercicio de justificación, se estima que la maniobra de Musk podría generar un coste de 8.5 millones de dólares para el gobierno, al facturar aproximadamente 166,500 horas de trabajo desperdiciadas. Este conflicto entre la figura empresarial de Musk y las regulaciones gubernamentales plantea preguntas sobre el futuro de la gestión laboral en un entorno tan poco convencional.
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