El Proyecto Castor, diseñado para hacer de España independiente en el suministro de gas natural, enfrenta su inminente desmantelamiento tras una serie de problemas. Originalmente, la infraestructura submarina, ubicada frente a Castellón, prometía ser una solución viable a la dependencia energética del país. Sin embargo, a solo un año de su operación, fue cerrado debido a los terremotos de Castellón que se relacionaron con la inyección de gas en 2012, lo que generó numerosas controversias y litigios.
El Gobierno ha tomado la decisión de desmantelar el almacén submarino y vender las partes recuperables para mitigar pérdidas que ascienden a 260 millones de euros. Este898, desastre financiero ha sido un ejemplo de ‘socialización de pérdidas’, donde los costos han caído sobre los contribuyentes mientras que las entidades financieras, involucradas en el financiamiento del proyecto, han sido indemnizadas. A lo largo de los años, los costos de mantenimiento han continuado aumentando, dejándolo como una infraestructura prácticamente inservible.
El caso del Proyecto Castor resalta las fallas en la evaluación de viabilidad de grandes proyectos energéticos y la necesidad de una gestión más transparente de los fondos públicos. A pesar de los múltiples litigios y compensaciones, queda la interrogante de si se identificarán a los responsables de este multimillonario fiasco. El cierre definitivo, que comenzará en mayo, marca un capítulo final muy discutido en la historia de la energía en España.
