
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador ha dado inicio al juicio político contra Gonzalo Albán Molestina, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este proceso surge a raíz de acusaciones del asambleísta Keevin Gallardo, quien sostiene que Albán no cumplió con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del CPCCS debido a una supuesta afiliación política previa. La fase de presentación de pruebas se llevará a cabo del 24 de agosto al 2 de septiembre de 2025, donde ambos lados expondrán sus argumentos y evidencias.
Durante esta etapa, los participantes del juicio, incluida la Comisión de Fiscalización, podrán solicitar pruebas adicionales para fortalecer el caso. Esto permite un examen más exhaustivo de los hechos que rodean a la acusación contra Albán. La normativa establece que quienes aspiren a cargos en el CPCCS no deben haber tenido afiliación política durante los cinco años anteriores a su postulación, algo que Gallardo argumenta que no fue respetado por Albán.
La Comisión de Fiscalización tiene un plazo hasta el 7 de septiembre de 2025 para aprobar un informe que recomendará si se avanza o no con el enjuiciamiento de Gonzalo Albán ante el Pleno de la Asamblea. Este caso está generando gran interés en el ámbito político ecuatoriano, ya que el resultado del juicio podría tener importantes repercusiones tanto para Albán como para la estructura del Consejo de Participación Ciudadana.