El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la eliminación del subsidio al diésel ha desatado una ola de preocupación entre transportistas y consumidores en Ecuador. Los líderes gremiales advierten que el aumento en el precio del diésel impactará directamente en los costos de la canasta básica. La decisión se toma en un contexto económico incierto, donde la falta de controles podría permitir que los precios se disparen aún más. Transportistas como Nery Macías afirman que cualquier incremento en combustible se traduce en mayores costos para los alimentos, exponiendo la vulnerabilidad del pueblo ecuatoriano a decisiones económicas gubernamentales.
En respuesta a este aumento, varios gremios de transporte en la provincia de Pichincha han decidido suspender sus servicios a partir del 15 de septiembre de 2025. La medida busca presionar al gobierno para que explique los criterios detrás de este incremento del diésel, que pasó de $1.80 a $2.80 por galón. Los transportistas han expresado su temor de que esta situación los lleve a una crisis de sostenibilidad, ya que muchos dependen de ingresos ya ajustados para subsistir. La paralización del transporte podría tener repercusiones aún más amplias en la economía local, aumentando el descontento social.
Ante la creciente tensión, el gobierno de Noboa ha trasladado la sede de la Función Ejecutiva a Latacunga y ha propuesto medidas compensatorias, que incluyen bonos para los sectores más afectados. Sin embargo, estas propuestas no han sido suficientes para calmar a los gremios de transporte, quienes han convocado a asambleas para direccionar la respuesta colectiva ante la crisis. La eliminación del subsidio tiene como objetivo generar un ahorro significativo para el Estado, pero a costa de aumentar la carga económica sobre la ciudadanía, lo que ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.
