El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha sugerido recientemente que el modelo de contratación por horas, que inicialmente estaba restringido al sector turístico, podría ampliarse a otras áreas como los servicios tecnológicos. Esta propuesta, presentada durante la inauguración de la primera Zona Franca Tecnológica en Cuenca, ha generado una gran controversia, dado que en su campaña electoral, Noboa lo consideraba una regresión de derechos laborales. Ahora, intenta justificar esta medida bajo el argumento de un enfoque gradual y beneficioso que la población debería adoptar.
La resistencia de la población es notable, ya que un 70% de los votantes se manifestaron en contra de esta modalidad de trabajo en una consulta popular anterior. La situación se complica, ya que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, defiende la propuesta al mencionar la inclusión de garantías como el Seguro Social y el pago de décimos. Sin embargo, los críticos sostienen que estas medidas son parte de los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que no resuelven el problema del desempleo en un país donde apenas el 36% de los trabajadores tiene empleo adecuado.
Por otro lado, el abogado constitucionalista Mauro Andino ha señalado que el actual gobierno está violando la Constitución al ignorar el claro rechazo de los ecuatorianos hacia el trabajo por horas. La situación del empleo es alarmante, pues solo una pequeña parte de la población cuenta con condiciones laborales óptimas, y los críticos advierten que las nuevas políticas laborales priorizan un ajuste fiscal en lugar de resolver los problemas reales de los trabajadores ecuatorianos. La tensión entre el gobierno y la ciudadanía parece estar en aumento, a medida que estas propuestas continúan generando debate.
