La reciente decisión de una jueza en Azogues que declaró ilegal la detención de cinco sospechosos, vinculados al ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa, ha provocado un intenso debate sobre la justicia en Ecuador. El Ministro del Interior, John Reimberg, explicó que esta resolución no solo es un acto que favorece a la delincuencia, sino que también simboliza una traición hacia la seguridad estatal. Aseguró que la narrativa del Gobierno sobre los ataques sigue firme, gracias a las evidencias presentadas por la Policía Nacional.
La jueza Erika Álvarez ordenó la liberación de los detenidos debido a irregularidades en el proceso, alegando que no se respetaron los derechos de los aprehendidos. Esta decisión fue celebrada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ve en ello un avance contra la criminalización de la protesta social. La institución enfatizó la necesidad de abordar las causas profundas de la crisis sin medidas represivas.
Este incidente se produce en el contexto de un paro nacional que ya cumple 18 días, convocado por la Conaie en protesta por la eliminación del subsidio al diésel. La destacada participación de la organización indígena en este movimiento social ha generado tensiones en varias provincias, lo que pone de relieve las dificultades que enfrenta el gobierno en su mandato a medida que avanza la crisis social y política del país.
