Recientemente, un documento distribuido por un alto funcionario del Departamento de Estado ha desatado controversia al revelar un intento masivo de recopilar comunicaciones entre un pequeño equipo enfocado en desinformación y una larga lista de figuras públicas y privadas, muchas de ellas críticas del ex-presidente Donald Trump. Encabezado por Darren Beattie, designado por Trump, el documento incluye nombres influyentes como periodistas y funcionarios gubernamentales, generando alarmas sobre un posible ‘caza de brujas’ contra críticos políticos.
El documento, que fue compartido en una reunión con empleados del Departamento de Estado, solicita registros de comunicaciones sobre una variedad de personas y organizaciones consideradas ‘objetivos’ de la derecha política. Esta amplia búsqueda también abarca términos polémicos como ‘Black Lives Matter’ y ‘QAnon’, lo que ha llevado a muchos a expresar su preocupación sobre el riesgo a la privacidad y la seguridad de aquellos mencionados. Los críticos, incluidos funcionarios con experiencia en el gobierno, han afirmado que tales solicitudes son inusuales y potencialmente dañinas, estableciendo un peligroso precedente.
Los temores sobre estas acciones aumentaron tras el anuncio del cierre de la oficina encargada de contrarrestar la desinformación, ya que muchos creen que la recopilación de información servirá para impulsar una agenda política que ataca a quienes participan en estudios sobre desinformación. Mientras el Departamento de Estado defiende la transparencia, la posibilidad de una divulgación selectiva ha levantado preocupaciones significativas sobre el impacto en la libertad de prensa y la diseminación de información verificada. Muchos expertos advierten que esta estrategia de vigilancia podría tener efectos disuasorios sobre la disidencia legítima.
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