
La Asamblea Nacional de Ecuador se prepara para el segundo debate de la Ley Orgánica de Transparencia Social, programado para el 25 de agosto de 2025. Este proyecto, enviado por el presidente Daniel Noboa, busca establecer un marco legal que prevenga y controle flujos irregulares de capitales en organizaciones sin fines de lucro. Cuesta destacar que esta ley ha sido calificada como urgente en materia económica, buscando promover la transparencia financiera y el cumplimiento tributario.
El informe respaldado por la Comisión de Desarrollo Económico señala que se estima que economías criminales operan en el país con un movimiento anual de USD 30 mil millones. Esta normativa obligará a las organizaciones a registrarse en un Sistema Unificado de Información, lo que les permitirá ser supervisadas. Durante el primer debate, se enfatizó que este tipo de organizaciones a menudo son utilizadas como fachada por redes criminales, lo que ha llevado a la creación de esta ley.
A pesar del apoyo mayoritario en la comisión, algunos asambleístas expresaron sus preocupaciones sobre la posibilidad de que la ley conduzca a una ‘hiperregulación’ que afecte a organizaciones legítimas. Además, otro tema en la agenda de la Asamblea incluye la designación de un nuevo miembro para el Consejo de la Judicatura tras la renuncia de María Emilia Grijalva. La discusión de esta ley es un paso crucial hacia un Ecuador más transparente y menos susceptible a actividades ilícitas.