El gobierno de Ecuador ha anunciado una nueva ley de transparencia social que podría generar ingresos anuales de 545 millones de dólares. La iniciativa, que busca fortalecer el control sobre organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, fue presentada por Andrea Sánchez, secretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Esta propuesta, que será debatida en la Asamblea, es considerada un proyecto de carácter urgente por parte del presidente Daniel Noboa.
Durante la sesión, se detallaron los ajustes operativos necesarios para implementar la ley, incluidos cambios en la escala salarial de la Superintendencia y la contratación de nuevos inspectores. Sebastián Londoño, subsecretario de Política Fiscal, corroboró la proyección de ingresos, destacando que en 2024 se reportaron miles de operaciones sospechosas en el sistema financiero, lo que subraya la necesidad de un control más eficaz.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con la normativa. Empresarios han expresado su preocupación por la ambigüedad en la definición de conceptos clave, lo que podría causar confusiones al aplicar la ley. Valentina Centeno, presidenta de la comisión, anunció que el informe para el primer debate se presentará el 13 de agosto, momento crucial para definir el rumbo de esta esperada legislación crucial para la recaudación tributaria en Ecuador.
