La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado en primer debate el Proyecto de Ley de Transparencia Social, propuesto por el presidente Daniel Noboa Azín. Esta iniciativa surge como respuesta a la urgente necesidad de establecer un marco legal que permita la prevención y control del lavado de activos, especialmente en organizaciones sociales sin fines de lucro. El texto de la ley regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para su revisión antes de volver al Pleno para un segundo debate y eventual aprobación definitiva.
Durante la discusión, la legisladora Valentina Centeno destacó la magnitud del problema, indicando que las economías criminales generan alrededor de 30 mil millones de dólares al año en Ecuador. Se ha identificado que las organizaciones sociales son utilizadas como fachadas para lavar dinero proveniente de actividades ilegales. Aunque muchos de estos grupos trabajan legítimamente, es vital poner en marcha medidas que eviten su utilización indebida por parte de redes de corrupción y narcotráfico.
El proyecto de ley no solo busca erradicar el lavado de activos, sino también alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La propuesta incluye clasificar a las organizaciones según su nivel de riesgo y crear un sistema unificado de información para mejorar el monitoreo de flujos de capital. Esta estrategia se refleja en la intención de fortalecer el control y la transparencia en el uso de fondos provenientes de donaciones, contribuyendo así a la integridad del sistema económico del país.
